El TTIP pone de acuerdo en su contra a la mayoría de agentes sindicales y sociales vascos

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El Acuerdo Transatlántico para las Inversiones y el Comercio (conocido como TTIP por su acrónimo en inglés) ha logrado poner de acuerdo a la casi totalidad de los agentes sindicales y sociales de Euskal Herria y a buena parte de los políticos. La unión de fuerzas hecha pública estos días en Hego Euskal Herria no es sino la continuación de las protestas que ya se llevaban a cabo en Ipar Euskal Herria. Puede que sea el único mérito apreciable de un tratado que se lleva negociando, con altas dosis de opacidad, entre la Comisión Europea y Estados Unidos desde febrero de 2013. El principal objetivo declarado por sus impulsores consiste en la eliminación de barreras a las inversiones económicas a ambos lados del Atlántico, posibilitando de esa manera un mayor desarrollo y riqueza para todos los socios afectados por el tratado.

Sin embargo, quienes se oponen al acuerdo sostienen que la presumible aprobación del TTIP representará una pérdida de soberanía para los pueblos sujetos al mismo, un debilitamiento del papel de los poderes públicos frente a los privados y una incipiente privatización de la justicia, ya que los pleitos que surjan serán derivados a mecanismos de arbitraje privados. Asimismo entienden que el acuerdo facilitará la tarea a los grandes consorcios transnacionales.

El tratado supondría asimismo pérdidas en los derechos laborales de los trabajadores, al igualarse por abajo, es decir a los vigentes en Estados Unidos, así como un claro riesgo de privatización de servicios públicos, al facilitar la libertad de inversión como uno de sus principios básicos, entre otros aspectos denunciados.

Los intentos de crear un espacio comercial común se remontan a 1990, con la Declaración Transatlántica realizada por Europa y Estados Unidos en ese año, reafirmada posteriormente en 1998, y que culminó con la creación del Consejo Económico Transatlántico en el año 2007.

 

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