La regulación del crowdfunding financiero puede facilitar su despegue

Varios

Una de las novedades que ha traído la utilización masiva de las nuevas tecnologías consiste en la financiación participativa, más conocida como crowdfunding. Se trata de plataformas ubicadas en internet, por medio de las cuales un promotor solicita financiación a un número indeterminado inversores para llevar a cabo un determinado proyecto. El sistema ha sido utilizado para financiar la producción de películas, discos, obras de teatro y otras actividades culturales, pero también ha sido empleado en la financiación de partidos políticos.

Hasta el momento este sistema de captar inversores a través de la red se había movido en terrenos ambiguos, sin una regulación clara que acotase su campo de juego. Sin embargo, desde el pasado 28 de abril ya no es así. El título V de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial está dedicado en su totalidad al crowdlending, entendiendo éste como la modalidad del crowdfunding para lograr inversores que a su vez pretenden recibir un rendimiento económico por su aportación. Quedan fuera de la regulación el crowdfunding basado en donaciones o recompensas.

A partir de ahora las llamadas Plataformas de Financiación Participativa (PFP) estarán consideradas como un agente financiero y quedarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin embargo la supervisión, y la previa aprobación por parte del Banco de España, no alcanzará a los proyectos en sí. La inversión en los mismos se considera arriesgada, pero el riesgo recae en exclusiva en el inversor, ya que la plataforma no está obligada a evaluarlos ni se responsabiliza de su solvencia. Tampoco deberán asegurar la fiabilidad de los promotores, ni si estos figuran en ficheros de morosos. Para su constitución las plataformas deberán disponer de un capital desembolsado de 60.000 euros o de un seguro de responsabilidad civil de hasta 300.000 euros, para poder hacer frente a posibles reclamaciones.

Los promotores deberán ser empresas constituidas en la UE y no podrán tener más de un proyecto simultáneo en la plataforma. El límite máximo de captación de recursos se eleva hasta los 2 millones de euros, que sería de 5 en el caso de que los inversores fueran acreditados. Se podrá cerrar un proyecto si alcanza el 90% de financiación y podrá llegar a atesorar hasta un 125% del importe solicitado. Los inversores acreditados son aquellos que acrediten una serie de requisitos de capital de forma previa y no tendrán límites a su inversión, mientras que los no acreditados tendrán un máximo para invertir de 3.000 euros por proyecto, con un total de 10.000 euros al año en el conjunto de las plataformas.

Según datos de BBVA Research el crowdfunding tan solo mueve en el Estado español dos céntimos de euro por cada 100 euros de nuevo crédito bancario, por lo que en este momento su importancia económica es muy relativa. En Euskal Herria se han dado numerosas iniciativas de financiación participativa, tanto de índole cultural como más relacionadas con las inversiones empresariales. Entre ellas se encuentra Goteo Euskadi y Lanzanos. Sin embargo este emergente sistema de captación de fondos se encuentra todavía en una fase preliminar y no es aún una auténtica alternativa al tradicional modelo bancario y de sociedades de capital-riesgo. No obstante, es posible que a partir de la nueva regulación comience su verdadero despegue como método de financiación para aquellos proyectos que no encuentran apoyo en el mundo de las entidades financieras convencionales.

Más información:

Regulando el crowfunding financiero – BBVA Research

Llega la regulación para el crowdlending

El crowdfunding en Euskadi

El crowdlending está ganando mercado a los bancos

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